Simulador del Fondo Generacional

Supuestos y fuentes

• Euros constantes de 2026. Todas las cifras descuentan la inflación; las rentabilidades e intereses son reales (sobre el IPC).
• La parte pública de las nuevas renovables. Senda de independencia en 2040: 22 GW nuevos al año hasta 2040 y 10 GW al año hasta 2050, con un 70 % de generación y un 30 % de almacenamiento. Es una senda muy exigente: en 2024 se instalaron 7,3 GW y en 2025, el año récord, unos 10 GW (Red Eléctrica); el escenario prudente usa 15 GW. Coste de 0,60 a 0,45 M€ por MW entre 2027 y 2040, mezclando fotovoltaica, eólica y baterías: estimación propia a partir de los costes medios mundiales de 2024 (IRENA). La rentabilidad de las plantas es neta de su reposición: se supone que lo que se amortiza se reinvierte para mantener su valor. El dinero que entra en la ventana de energía y no paga ese 30 % (el CO₂, los vuelos, lo que vuelve de la cartera y los alquileres) compra participaciones en parques que ya funcionan solo cuando se venden, por el derecho de tanteo que propone la campaña, al mismo coste por MW y con un límite: 1.000 M€ al año por defecto, frente a unos 4.000 M€ al año que mueve ese mercado. Lo que pasa del límite va a la cartera. El simulador cuenta esos GW aparte. El Estado compra su parte con Presupuestos, con la hucha de las pensiones, que por el artículo 122 de la Ley General de la Seguridad Social puede invertir en títulos emitidos por entidades públicas, y con bonos verdes y préstamos del BEI a 25 años al 1,75 % real (el Tesoro colocó en agosto de 2026 deuda ligada a la inflación a 15 años al 1,72 % real), que se devuelven con lo que venden las plantas.
• La hucha de las pensiones. El Fondo de Reserva tenía 9.400 M€ a final de 2024, 14.070 M€ a final de 2025 y 15.267 M€ en marzo de 2026; el MEI sube de 0,6 puntos de cotización en 2023 a 1,2 en 2029 y no permite retirar dinero antes de 2033 (El Independiente). El MEI aportó 3.577 M€ en 2024 y 4.356 M€ en 2025 (Seguridad Social, informe del Fondo de Reserva 2025). Estimación propia: unos 7.000 M€ al año desde 2029, creciendo un 1 % real con los salarios hasta 2050, cuando acaba; y unos 19.000 M€ al empezar 2027. Hoy solo puede invertir en deuda pública (rindió un 1,85 % nominal en 2025 y un 2,91 % nominal anual desde 2000); el simulador supone una cartera diversificada al 4 % real, lo que exige cambiar su regulación.
• CO₂ de industria y electricidad (ETS1). España ingresó 3.514 M€ en 2023 (Comisión Europea) y unos 2.600 M€ en 2024 (BBVA Research). Supuesto: 2.600 M€ al año, el último dato, hasta 2030 y caída a cero en 2040, porque con el recorte actual el techo se agota hacia 2039 (Sandbag). Francia y Polonia proponen alargarlo a 2050.
• CO₂ de carburantes y calefacción (ETS2). Empieza en 2028 (Energías Renovables). La UE ha fijado una salvaguarda de precio de 45 €/t y no hay estimación oficial para España. T&E calcula casi 300.000 M€ para la UE entre 2026 y 2032 a 55 €/t (T&E). Estimación propia para España: 3.500 M€ en 2028, bajando a cero hacia 2045.
• Uso obligado del dinero del CO₂. Los Estados deben destinar todo lo recaudado, o su equivalente, a fines climáticos y energéticos (Comisión Europea). En el fondo, ese dinero se invierte en energía renovable, que es un uso climático.
• Hidroeléctricas. Caducan 953 MW antes de 2030 (MITECO vía CatalunyaPress); Aldeadávila, Almendra, Alcántara y Ricobayo, unos 3,3 GW, entre 2040 y 2045, y unos 10,4 GW hasta 2050 si no hay prórrogas (El Periódico de la Energía). La década de 2030 no tiene cifra pública: el calendario intermedio y el margen de 70 M€ al año por GW son estimaciones propias.
• Contribución de los vuelos. Un importe fijo por billete, desde 2028, como la tasa de solidaridad francesa, que en marzo de 2025 subió a 7,40 € en Europa, 15 € a media distancia y 40 € a larga, unas cuatro veces más en business, y de 210 a 2.100 € por pasajero en avión privado (Moneyvox); Francia compensa por completo a los residentes de ultramar y Córcega. Alemania cobra 13,03, 33,01 y 59,43 € desde julio de 2026 (Haufe). El queroseno de la aviación comercial está exento del impuesto de hidrocarburos por la Directiva 2003/96/CE. Datos: 321,6 millones de pasajeros en 2025, unos 160,8 millones de billetes de salida, y un 1,3 % más previsto para 2026 (Aena). Aena no publica el reparto por destino; supuestos propios: un 29 % de vuelos nacionales y, del resto, un 70 % con la UE; crecimiento del 1,5 % al año hasta 2040 y del 1 % después; un 5 % de billetes en preferente; y menos viajes por el precio, con una elasticidad de −0,7 sobre un billete medio de 120 € en la UE y 400 € fuera. Jets: unos 30.000 despegues al año, estimación propia a partir de las 27.122 llegadas a destinos vacacionales españoles que contó Greenpeace en 2023 (Forbes); el 41 % vuela vacío (elDiario.es). No se descuenta una posible exención para los residentes de las islas, Ceuta y Melilla. Es un tributo: necesita una ley.
• Libreta Generacional. Ahorro de las familias garantizado por el Estado, como el Livret A francés. Con 4.000 M€ al año capta unos 56.000 M€ hasta 2040, en torno al 5 % de los depósitos de los hogares, y sigue captando, como el Livret A, que no tiene fecha de fin y en Francia financia la vivienda social desde hace décadas. Su capital financia la vivienda pública y, por defecto, la mitad va a préstamos de rehabilitación, que se devuelven en 15 años y encajan mejor con un ahorro que se puede retirar; lo que no se ejecuta cada año queda como reserva líquida (al menos el 10 % del saldo, a un 0,5 % real) para atender retiradas, y el resto va a la cartera. Sus intereses se pagan primero con los alquileres de esas viviendas y, si no llegan, con la cartera; el saldo se renueva, como el del Livret A, y se descuenta siempre del patrimonio.
• Acciones de Redeia y Enagás. Redeia valía 8.208 M€ en bolsa a final de 2025 y la SEPI tiene el 20 % (Redeia), unos 1.640 M€. Con el 5 % de Enagás, unos 1.800 M€ en total: estimación propia.
• Vivienda. Casa 47 alquila sus primeras viviendas por entre 416 y 662 €/mes de media según la ciudad (71 a 79 m²) (Brains RE). El Plan Estatal 2026-2030 fija 8 €/m² de alquiler máximo en suelo público (Brains RE). 88 viviendas industrializadas en Carcaixent y Silla salen por más de 25 M€, unos 284.000 € cada una (Construible); en suelo público el coste baja. Supuesto, igual que en la ampliación de la vivienda pública: 60 m² útiles (75 construidos) a 1.650 €/m² con todo incluido (1.250 de construcción más proyecto, urbanización e IVA), unos 123.750 € por vivienda, y un alquiler de 480 €/mes, 8 €/m² útil. Si se compra en el mercado, el precio sube a unos 2.400 €/m². Aquí las viviendas se valoran a su coste; en el programa, por su renta. Financiación apalancada: el fondo pone el 30 % y el BEI o el ICO prestan el 70 % a 35 años al 1,75 % real (en torno al 3,75 % nominal); el alquiler neto, un 3,3 % real del coste, paga la cuota, que equivale a un 2,7 % del coste, y lo que sobra va en parte a pensiones y en parte a vivienda nueva, como el fondo danés Landsbyggefonden, así que el parque público sigue creciendo después de 2040. Hogares: 19,31 millones en 2024 y casi 22 millones previstos en 2041 (INE, vía idealista). La vivienda conserva su valor real porque el mantenimiento se paga del alquiler, y los alquileres netos se reparten entre pensiones y energía.
• Rehabilitación. En 2025 se aprobaron 55.558 rehabilitaciones integrales; el PNIEC pide 1,38 millones hasta 2030 (Construnews). Préstamo medio de 20.000 €: supuesto.
• Ampliar la vivienda pública. Lo promueve Casa 47 y lo cofinancian el fondo, el ICO y la banca europea. Supuestos por defecto: 60 m² útiles de media (75 construidos), 1.250 €/m² de construcción más un 20 % de proyecto y urbanización y el 10 % de IVA, sin suelo, porque el suelo público se cede en derecho de superficie; alquiler de 8 €/m² útil, el máximo del Plan Estatal en suelo público; 28 % de gastos; 70 % de deuda a 35 años al 3,75 % nominal; 2 % de inflación. Viviendas de 60 m²: «el estándar va a tener que ser una casa de 50 o 60 metros cuadrados», según el economista Pau A. Montserrat (UIB) en El País. Sareb: 40.000 viviendas donadas a Casa 47, que con las de otros organismos públicos ya reúne unas 61.500 (El País) (Que.es). Vivienda vacía: 3,8 millones según el censo de 2021 (Tinsa); las cedidas vuelven a su propietario al acabar la cesión. Modelo de cesión, que combina los de Barcelona, Baleares, Euskadi e Irlanda: el fondo garantiza al propietario un 70 % del alquiler de mercado, cobre o no; le adelanta la obra sin intereses y se la descuenta de la renta, como el Repair and Leasing Scheme irlandés, que presta hasta 80.000 € y paga el 80–85 % del mercado (Fingal County Council) o el Lloguer Segur balear, que adelanta hasta 50.000 € con contratos de 7 años (mallorcadiario); Barcelona da hasta 30.000 € para reformar si el piso entra en su bolsa de alquiler (idealista). El inquilino paga el alquiler público y el fondo cubre la diferencia: es un coste, no una inversión. Por defecto se movilizan 200.000 viviendas vacías, un 5 % de los unos 4 millones que estima el INE. Además, desde la Ley 12/2023 los ayuntamientos pueden subir el IBI de las viviendas vacías más de dos años de quien tiene cuatro o más: un 50 %, hasta un 100 % si pasan de tres años y hasta un 150 % si tiene dos o más vacías en el municipio (fiscal-impuestos.com). Ese recargo es municipal y no entra en el fondo. El propietario, además, ya puede reducir un 70 % el rendimiento en el IRPF si alquila a una administración para alquiler social (art. 23 de la Ley del IRPF, PwC). Las promociones residenciales cuestan 1.451 €/m² de construcción en el segundo trimestre de 2026 (Grupo ST); los 1.000 €/m² son un objetivo de industrialización a escala. La rentabilidad es la TIR del capital a 50 años con el valor del parque al final; el documento de trabajo V3.2 da las mismas cifras en euros corrientes.
• Pensiones. Gasto estimado de 229.491 M€ en 2026 (Ivie), del 13 % del PIB al 15,3 % hacia 2050 (Seguridad Social). Supuesto: crece un 2,2 % real al año hasta 2050, hasta unos 387.000 M€, y un 1,1 % después. Pensión media de jubilación: 1.576,1 €/mes en catorce pagas, septiembre de 2026 (Seguridad Social). PIB de 2026: unos 1,75 billones, estimación propia. Pensionistas: la AIReF prevé pasar de 11,3 millones de pensiones en 2023 a 17,3 millones en 2056 (El Independiente), y en 2023 había 9,1 millones de pensionistas por 10,07 millones de pensiones contributivas (Seguridad Social). El simulador interpola entre esas fechas y calcula los pensionistas que paga el fondo como su parte del gasto por los pensionistas de cada año: unos 10,7 millones en 2026, 13,0 en 2040 y 14,7 en 2050.
• Pensiones y rentabilidad. Desde 2040 van a pensiones el 3,5 % de la cartera de inversión, una parte de los alquileres y el 3,5 % de la hucha; lo que la cartera rinde de más vuelve a la energía y el capital no se toca. Por defecto la misma regla se aplica también a las plantas, como hace Noruega con todo su fondo; un interruptor la desactiva. La energía rinde un 4,5 % real por defecto; la V3.1 usa una TIR del 6-8 % nominal. Noruega gasta en promedio el 3 % del fondo, su rentabilidad real esperada, y hasta 2017 la referencia era el 4 % (Gobierno de Noruega). El Future Ireland Fund recibe el 0,8 % del PIB al año hasta 2035 y no permite retiradas antes de 2041; después, como máximo un 3 % (NTMA).

Lo que el simulador no cuenta

• Qué parte es nueva. La hucha de las pensiones ya existe y la llena el MEI, que ya está en vigor. Lo que añade el Fondo Generacional es la ventana de energía, más lo que rinde de más la hucha si se invierte como propone el fondo. El simulador separa las dos en cada cifra y calcula «lo que añade frente a hoy» comparando con una hucha que siga rindiendo un 1 % real.
• El coste de lo que ponen los Presupuestos.
• El ritmo real de compra. Se supone que el Estado entra cada año en su parte de toda la potencia nueva. Los parques que ya funcionan solo se compran cuando se venden, con un límite anual.
• Una crisis de retiradas de la Libreta. La reserva líquida cubre al menos el 10 % del saldo; una retirada masiva obligaría a vender cartera o a que el Estado, que la garantiza, adelante el dinero.
• Las viviendas de Sareb ocupadas y en mal estado. Sareb no publica cuántas están ocupadas o necesitan obra, y unas 13.000 ya tienen alquiler social; el simulador las supone listas en tres años.
• Las crisis. La rentabilidad es una media constante. Un fondo real tiene años de pérdidas; por eso la regla de gasto se aplica sobre el patrimonio y no sobre lo ganado ese año.
• La revalorización de la vivienda. Se supone que el parque mantiene su valor real, sin subidas.
• Otros usos del dinero del CO₂. Hoy esos ingresos ya financian otras partidas; llevarlos al fondo obliga a reponerlas por otra vía.
• La energía reservada al Estado. Algunas concesiones hidroeléctricas obligan a entregar hasta un 25 % de su energía al Estado. No hay inventario público, así que no se suma.
• El encaje legal y contable. La parte pública en subastas y concursos y la compra de bonos por la hucha deben revisarse a la luz de las ayudas de Estado y de la libre circulación de capitales. Y está por confirmar con Hacienda o la AIReF que la inversión con rentabilidad de mercado cuenta como operación financiera, que suma deuda pero no déficit.

Precedentes

• Fondo de Pensiones del Gobierno de Noruega. Una misma ley reúne dos fondos: el del petróleo, que entrega cada año al presupuesto en promedio el 3 % de su valor, y el antiguo fondo de la seguridad social, que se gestiona en el país. Es el modelo de las dos ventanas.
• Landsbyggefonden (Dinamarca, 1967). Cuando un bloque de vivienda social termina de pagar su hipoteca, el alquiler no baja: la diferencia va a un fondo nacional que financia vivienda nueva y renovaciones. Hoy son unas 600.000 viviendas y, entre 2020 y 2026, 30.000 millones de coronas para renovar (Housing 2030).
• Future Ireland Fund (2024). Ahorra el 0,8 % del PIB al año para pagar a partir de 2041 el coste del envejecimiento (NTMA).
• El aviso del Fondo de Reserva. La hucha de las pensiones llegó a 66.815 M€ a final de 2011 (Ministerio de Inclusión) y se vació en la crisis; en marzo de 2026 tenía 15.267 M€ (El Independiente). La regla de gasto tiene que estar blindada por ley.